La propuesta fue hecha por el vicefiscal de la Nación, Guillermo Mendoza Diago en la comisión Primera del Senado.
Este registro público sería para quienes hayan sido condenados por "delitos contra la libertad, integridad y formación sexual y el delito de incesto, cometidos en menores de edad".
Según el funcionario, esta pena consiste en la creación de una completa base de datos que contenga las identidades y los datos de personas con antecedentes de delitos sexuales para que puedan ser consultados por cualquier persona, especialmente a través de Internet.
"En la actualidad estos datos están disponibles solo en las entidades que han procesado a estas personas. La idea es que puedan ser consultados por cualquier persona", aseguró Mendoza Diago.
El proyecto de Ley, presentado por la Fiscalía y varios parlamentarios ante el Senado, solicita la creación de esta pena como una medida para facilitar que en centros de educación preescolar, colegios, y todas aquellas entidades relacionadas con menores de edad, puedan verificar los antecedentes de sus posibles empleados.
"Tenemos la certeza de que una persona que abusa sexualmente de menores, siempre va a reincidir. Con esta propuesta quien tenga un historial de abuso sexual no podrá ser ni siquiatra, ni sicólogo, ni estar a cargo de niños en ningún momento", afirmó el representante Simón Gaviria, uno de los autores de la iniciativa.
La posibilidad de que este proyecto se convierta en otra forma de sancionar a los violadores luego que la norma que permitía mostrarlos en las vallas fuera prohibida por la Corte Constitucional, fue planteada dentro de la comisión.
"Esa norma de las vallas realmente no protegía los derechos de los niños sino que producía la doble victimización. Lo que se busca ahora es que para ciertos cargos se conozcan los antecedentes de los aspirantes", explicó la senadora Gina Parody
Este registro público sería para quienes hayan sido condenados por "delitos contra la libertad, integridad y formación sexual y el delito de incesto, cometidos en menores de edad".
Según el funcionario, esta pena consiste en la creación de una completa base de datos que contenga las identidades y los datos de personas con antecedentes de delitos sexuales para que puedan ser consultados por cualquier persona, especialmente a través de Internet.
"En la actualidad estos datos están disponibles solo en las entidades que han procesado a estas personas. La idea es que puedan ser consultados por cualquier persona", aseguró Mendoza Diago.
El proyecto de Ley, presentado por la Fiscalía y varios parlamentarios ante el Senado, solicita la creación de esta pena como una medida para facilitar que en centros de educación preescolar, colegios, y todas aquellas entidades relacionadas con menores de edad, puedan verificar los antecedentes de sus posibles empleados.
"Tenemos la certeza de que una persona que abusa sexualmente de menores, siempre va a reincidir. Con esta propuesta quien tenga un historial de abuso sexual no podrá ser ni siquiatra, ni sicólogo, ni estar a cargo de niños en ningún momento", afirmó el representante Simón Gaviria, uno de los autores de la iniciativa.
La posibilidad de que este proyecto se convierta en otra forma de sancionar a los violadores luego que la norma que permitía mostrarlos en las vallas fuera prohibida por la Corte Constitucional, fue planteada dentro de la comisión.
"Esa norma de las vallas realmente no protegía los derechos de los niños sino que producía la doble victimización. Lo que se busca ahora es que para ciertos cargos se conozcan los antecedentes de los aspirantes", explicó la senadora Gina Parody
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